LOS ASENTAMIENTOS DE TIERRA EN LOS OCHENTA
Las recientes ocupaciones de tierras en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense es un fenómeno que se repite cada tantos años. Los hechos que están sucediendo en estos días ya se vivieron con mucha mayor magnitud en los años '80. Los recordamos en fragmentos de Asentamientos, la tierra prometida, nota de Patricia Grinberg en la revista El Porteño, nº 79 de julio de 1988.
“La ocupación de tierras en el conurbano bonaerense no es un fenómeno nuevo: no fue otra la base de las villas miseria surgidas en la década del '40, cuando las fábricas de la zona se convirtieron en un polo de atracción de miles de trabajadores del interior del país.
Sí es nuevo el fenómeno de los asentamientos: ocupaciones de tierras fiscales y privadas que se multiplican día a día en el Gran Buenos Aires por parte de miles de familias obreras a las que la necesidad más primaria -la de un techo- lleva a organizarse en comisiones, coordinadoras y asambleas que hace temer a la revista Somos por 'la incubación allí de grupos que en un futuro mediato pueden apelar a la acción política violenta'.
Además de esa característica fundamental -la organización- los asentamientos, a diferencia de las villas, no son lugares de tránsito 'hasta que las cosas mejoren' sino los cimientos para la construcción de un barrio, de la 'casita propia' que termine, de una vez y para siempre, con el drama de alquiler indexado, el desalojo y la promiscuidad de compartir la misma vivienda precaria con la familia paterna.
En un país cuyo déficit de vivienda supera los tres millones (el ministerio de Salud y Acción Social reconoce 2.400.000), políticos, funcionarios y policías han adjudicado las tomas de tierra, alternativamente, a 'lúmpenes y delincuentes', y a 'subversivos', y el hostigamiento policial y parapolicial sobre los asentamientos es constante.
El 5 de junio, esa represión cobró su primer muerto: Agustín Ramírez, un joven militante de las comunidades eclesiales de base y uno de los organizadores del asentamiento Nueva Jerusalem, ubicado en el límite entre San Francisco Solano (Quilmes) y Rafael Calzada (Almirante Brown).
'Cuando estás encerrada en tu casa y te están por desalojar o tenés que vivir con tu marido y tus hijos en lo de tus suegros, todos en una o dos piezas, te desesperás, pensás que a vos sola te pasa eso; empezás a pelearte con tu marido, a pegarle a los chicos. El hogar se va destruyendo. Pero después salís, te juntás con otros que tienen el mismo problema y te das cuenta de que no estás sola'. El testimonio pertenece a Susana Saucedo, de 26 años, dirigente de la Comisión de Vecinos del Barrio San Ignacio (ex asentamiento El Triángulo), ubicado en el límite de los partidos de Quilmes y Avellaneda.
Como muchos de los terrenos ocupados, el de este barrio era 'un basural, donde ocurrían robos y violaciones', pero las carpas y bolsas de nylon traídas para la toma -producida el 30 de enero último- ya fueron reemplazadas por casillas de chapa y madera, ubicadas en terrenos emparejados y cuidadosamente parcelados, con la colaboración gratuita de un grupo de agrimensores.
(…)
Fuentes de las coordinadoras de asentamientos estiman que su número ya llega a 314 en todo el Gran Buenos Aires, con aproximadamente 360.000 personas, si tomamos un promedio de 300 familias por asentamiento y cuatro personas por familia.
Mientras sesudos análisis sociológicos hablan de la 'necesidad de recomponer el tejido de la solidaridad social', en Villa Corina los vecinos plantan árboles que vencerán al gris ceniza del ex basural. Doña Secundina asegura que, para defender su barrio, enfrentaría de nuevo a las topadoras. Carlos, el delegado jabonero, no apuesta demasiado al '89 porque 'para las elecciones falta un año y nosotros las necesidades urgentes las tenemos hora'. Y Susana, 'peronista de corazón' que no irá a votar a la interna justicialista, advierte: 'pueden matar a uno, pero por ése se levantarán cien, porque si tenés que caer pr luchar por un pedazo de tierra, vale la pena'.
'No hubo denuncia alguna' (recuadro)
Rodolfo Rodil es el titular de la Comisión Pro-Tierra, compuesta por representantes de todos los ministerios del gabinete de Antonio Cafiero 'para ofrecer una vía legal, a fin de que la gente que está en una situación de emergencia pueda acceder legalmente a la tierra, sin apelar a la ocupación'.
Rodil señala que 'en la provincia hay 600 mil familias sin vivienda y 200 mil en emergencia grave' e indica que el programa prevé entregar unos 2.000 lotes por mes, aunque hasta ahora sólo dio unos 500. 'Esto tiene que servir como elemento de contención, en la medida en que la gente vea que no se trata de vanas promesas y compruebe que hay una vía legal para evitar la ilegalidad de la toma de tierra, el peligro del desalojo, la incertidumbre, etcétera', añade el funcionario, aunque admite que 'la solución del problema pasa por la solución de la crisis económico-social'.
En cuanto al comportamiento de la policía con respecto a los asentamientos, Rodil -quien trabaja en el ámbito del ministerio de Gobierno de la provincia- afirma: 'no recibimos denuncia alguna de excesos policiales'.
'La policía -agrega- actúa en todos los casos para evitar alteraciones del orden y no hubo agresiones, excepto cuando hubo delito, como en el caso del asentamiento de Rafael Calzada, donde la intervención policial fue ordenada por el juez'”.
Marginal, por Jorge Milikota y Mariel Trimaglio
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“La ocupación de tierras en el conurbano bonaerense no es un fenómeno nuevo: no fue otra la base de las villas miseria surgidas en la década del '40, cuando las fábricas de la zona se convirtieron en un polo de atracción de miles de trabajadores del interior del país.
Sí es nuevo el fenómeno de los asentamientos: ocupaciones de tierras fiscales y privadas que se multiplican día a día en el Gran Buenos Aires por parte de miles de familias obreras a las que la necesidad más primaria -la de un techo- lleva a organizarse en comisiones, coordinadoras y asambleas que hace temer a la revista Somos por 'la incubación allí de grupos que en un futuro mediato pueden apelar a la acción política violenta'.
Además de esa característica fundamental -la organización- los asentamientos, a diferencia de las villas, no son lugares de tránsito 'hasta que las cosas mejoren' sino los cimientos para la construcción de un barrio, de la 'casita propia' que termine, de una vez y para siempre, con el drama de alquiler indexado, el desalojo y la promiscuidad de compartir la misma vivienda precaria con la familia paterna.
En un país cuyo déficit de vivienda supera los tres millones (el ministerio de Salud y Acción Social reconoce 2.400.000), políticos, funcionarios y policías han adjudicado las tomas de tierra, alternativamente, a 'lúmpenes y delincuentes', y a 'subversivos', y el hostigamiento policial y parapolicial sobre los asentamientos es constante.
El 5 de junio, esa represión cobró su primer muerto: Agustín Ramírez, un joven militante de las comunidades eclesiales de base y uno de los organizadores del asentamiento Nueva Jerusalem, ubicado en el límite entre San Francisco Solano (Quilmes) y Rafael Calzada (Almirante Brown).
'Cuando estás encerrada en tu casa y te están por desalojar o tenés que vivir con tu marido y tus hijos en lo de tus suegros, todos en una o dos piezas, te desesperás, pensás que a vos sola te pasa eso; empezás a pelearte con tu marido, a pegarle a los chicos. El hogar se va destruyendo. Pero después salís, te juntás con otros que tienen el mismo problema y te das cuenta de que no estás sola'. El testimonio pertenece a Susana Saucedo, de 26 años, dirigente de la Comisión de Vecinos del Barrio San Ignacio (ex asentamiento El Triángulo), ubicado en el límite de los partidos de Quilmes y Avellaneda.
Como muchos de los terrenos ocupados, el de este barrio era 'un basural, donde ocurrían robos y violaciones', pero las carpas y bolsas de nylon traídas para la toma -producida el 30 de enero último- ya fueron reemplazadas por casillas de chapa y madera, ubicadas en terrenos emparejados y cuidadosamente parcelados, con la colaboración gratuita de un grupo de agrimensores.
(…)
Fuentes de las coordinadoras de asentamientos estiman que su número ya llega a 314 en todo el Gran Buenos Aires, con aproximadamente 360.000 personas, si tomamos un promedio de 300 familias por asentamiento y cuatro personas por familia.
Mientras sesudos análisis sociológicos hablan de la 'necesidad de recomponer el tejido de la solidaridad social', en Villa Corina los vecinos plantan árboles que vencerán al gris ceniza del ex basural. Doña Secundina asegura que, para defender su barrio, enfrentaría de nuevo a las topadoras. Carlos, el delegado jabonero, no apuesta demasiado al '89 porque 'para las elecciones falta un año y nosotros las necesidades urgentes las tenemos hora'. Y Susana, 'peronista de corazón' que no irá a votar a la interna justicialista, advierte: 'pueden matar a uno, pero por ése se levantarán cien, porque si tenés que caer pr luchar por un pedazo de tierra, vale la pena'.
'No hubo denuncia alguna' (recuadro)
Rodolfo Rodil es el titular de la Comisión Pro-Tierra, compuesta por representantes de todos los ministerios del gabinete de Antonio Cafiero 'para ofrecer una vía legal, a fin de que la gente que está en una situación de emergencia pueda acceder legalmente a la tierra, sin apelar a la ocupación'.
Rodil señala que 'en la provincia hay 600 mil familias sin vivienda y 200 mil en emergencia grave' e indica que el programa prevé entregar unos 2.000 lotes por mes, aunque hasta ahora sólo dio unos 500. 'Esto tiene que servir como elemento de contención, en la medida en que la gente vea que no se trata de vanas promesas y compruebe que hay una vía legal para evitar la ilegalidad de la toma de tierra, el peligro del desalojo, la incertidumbre, etcétera', añade el funcionario, aunque admite que 'la solución del problema pasa por la solución de la crisis económico-social'.
En cuanto al comportamiento de la policía con respecto a los asentamientos, Rodil -quien trabaja en el ámbito del ministerio de Gobierno de la provincia- afirma: 'no recibimos denuncia alguna de excesos policiales'.
'La policía -agrega- actúa en todos los casos para evitar alteraciones del orden y no hubo agresiones, excepto cuando hubo delito, como en el caso del asentamiento de Rafael Calzada, donde la intervención policial fue ordenada por el juez'”.
Marginal, por Jorge Milikota y Mariel Trimaglio
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