En el debate previo a la aprobación de la Ley de Divorcio (sancionada el 3 de junio de 1987), la Iglesia Católica ejerció una importe presión sobre los legisladores. Incluso algunos obispos “produjeron episodios dignos de figurar en las actas de la Inquisición”, según la revista El Periodista de Buenos Aires. A continuación, la nota que reproducimos en consonancia con el tratamiento parlamentario por el matrimonio igualitario.
Nota publicada en el número 111 de la revista El Periodista de Buenos Aires, en octubre de 1986.
Sanciones a diputados, suspensión a un sacerdote, amenazas
LA IGLESIA DIO OTRO MAL PASO
Una vez más, obispos de una iglesia que niega a comprender que la Argentina es otro país, democrático y pluralista, y no un coto cerrado de los cuarteles y las corporaciones, produjeron episodios dignos de figurar en las actas de la Inquisición.
“Hay que arremangarse la sotana y ganar la calle”, dijo en un rapto de combatibidad el ultramontano Cosme Beccar Varela, titular de Tradición, Familia y Propiedad (TFP), festejando la “patada inicial” dada por el obispo de Jujuy, Raúl Arsenio Casado, que pasará a la historia de la corriente retardataria de la Iglesia Católica argentina -impregnada de complicidad con la dictadura- por haber protagonizado dos episodios que parecen arrancados de las actas de la Inquisición.
Casado ostenta el mérito de haber sido el primer obispo que, aplicada una sugerencia de la Conferencia Episcopal Argentina, dispuso impedir el acceso a la sagrada comunión a los diputados jujeños que votaron a favor de la legislación divorcista aprobada en la Cámara baja y que deberá ser tratada ahora en el Senado.
Como si esto fuera poco, el obispo jujeño se pronunció simultáneamente contra el voto mayoritario de la Convención Constituyente de la provincia que sancionó la separación de la Iglesia del Estado, una medida que coloca a Jujuy en la avanzada de la democratización de la sociedad argentina.
La ofensiva de los obispos retardatarios -que tiene como telón de fondo las fracasadas movilizaciones públicas contra el divorcio- forma parte de un operativo que apunta en varias direcciones: 1) vaciar de contenido progresista el Congreso Pedagógico Nacional: en principio, parece que lograron su postergación hasta 1988; 2) obligar al gobierno a que ejerza el papel de Torquemada en el plano de la cultura “infestada de marxismo”, según lo acaba de afirmar la curia argentina en el transcurso del XV Congreso Interamericano de Educación Católica (CIEC), que sesionó en el colegio La Salle; 3) a partir de las sensaciones contra los diputados, presionar abiertamente sobre los senadores, en primer lugar para postergar hasta el año que viene la discusión de la ley de divorcio, objetivo que parecen haber logrado.
(...)
-Viejo, ¿qué significa esto? ¿Iremos al infierno?
-No nada importante. Es un disparate.
El diálogo entre Antonio Cafiero y su esposa tuvo lugar hace una semana, cuando el legislador peronista y líder de la corriente renovadora recibió en su casa una carta con dos escritos. Uno, firmado por el obispo Jorge Casareto, de la diócesis de San Isidro, y otro por monseñor Galán, donde se le informa que cuenta con “un breve plazo” para proceder a su retractación pública. En caso contrario no podría tener acceso a la comunión.
Idénticos papeles están recibiendo la totalidad de los diputados y senadores de la Nación. La campaña es global y cuenta con inusitado respaldo logístico. En Tucumán, el obispo Horacio Bózzolo anunció que piensa “castigar” a los legisladores divorcistas “por inducir a la poligamia sucesiva”. En Santiago del Estero, monseñor Manuel Guirao ya “castigó” a cuatro de los cinco diputados nacionales de su provincia que “pecaron gravemente” al sancionar la ley de Familia. Fuentes autorizadas sostienen que monseñor Francisco Primatesta, obispo de Córdoba y titular de la Conferencia Episcopal Argentina, se apresta a cumplir con el mandato de la inquisición: “a Dios rogando y con el mazo dando”.
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Gracias a Dios, no todos los obispos son medievales. El titular de la diócesis de Neuquén, Jaime de Nevares, supo expresar con transparencia el criterio de la otra iglesia, empeñada en reconocer los errores cometidos, los pecados del silencio cuando había que hablar, y se arremangó la sotana pero para decir verdades inobjetables. Después de anunciar que en la provincia patagónica podrá recibir la comunión los diputados divorcistas, De Nevares se preguntó: “Por qué quienes promueven estas duras sanciones por el tema del divorcio no tomaron una actitud similar frente a los muchos militares y civiles que durante el régimen del Proceso cometieron terribles violaciones a los derechos humanos?”.
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En estos días el tema de la suspensión del sacramento es una cuestión que sobrevuela la charla de los legisladores. El miércoles 22, en la confitería Del Molino, varios diputados especulaban con la posibilidad de que el “castigo” de la Iglesia resulte “piantavotos”. Un asesor del bloque de Guardia de Hierro comentó que los diputados peronistas Néstor Perl (Chubut) y Octavio Bordón (Mendoza) podrían “tener problemas con los peronistas antidivorcistas”. El diputado Ruben Cardozo, también justicialista, juntó las manos como para rezar y dijo: “Yo me salvo, porque soy evangelista”.
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