Entre el 6 y el 20 de septiembre de 1979 recorrió la Argentina una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El motivo era investigar “el número cada vez mayor de denuncias y por las informaciones recibidas de distintas fuentes que hacían aparecer un cuadro de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos y libertades fundamentales del hombre”. El 7 de septiembre de aquel año, la revista Somos publicó una nota al respecto.Fragmento de la nota Comisión de Derechos Humanos: ¿Qué buscan?, de Pablo Lon, publicada en la revista Somos, nº155 del 7 de septiembre de 1979.
“Llegaron los inspectores. Durante dos semanas recorrerán parte del país y hablarán –prometieron- con todos los sectores. Mientras tanto, los argentinos se preguntan si el informe final que redactarán será objetivo y si contemplará el contexto histórico de la larga guerra que el país mantuvo contra el terrorismo. SOMOS entrevistó a los dos primeros miembros que llegaron, y llevó el tema derechos humanos a muchas mesas de trabajo: opinan jueces, camaristas, políticos, fuentes militares, sacerdotes. ¿Objetivo? Esclarecer un tema polémico”
(…) “En realidad, aunque pocos duden de la objetividad de la comisión, las preguntas (o su tono) eran obvias. A partir de 24 de marzo de 1976, y más precisamente después de que las fuerzas armadas lograran la derrota militar de la subversión en todos los frentes, el terrorismo derrotado y prófugo, aliado con el terrorismo internacional, formó usinas argentinas en el exterior y desde allí lanzó una avalancha de acusaciones contra el país: un hecho más que conocido, y sintetizado como la campaña antiargentina. Por supuesto, esa campaña penetró en el propio territorio nacional, y hubiera navegado libremente si, a partir de una denuncia hecha por una mujer acerca del paradero de su hija, el juez Martín Anzoátegui (juzgado federal 2), tras ordenar el allanamiento del local de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (donde funciona la Comisión de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas), no hubiera descubierto una impresionante usina de folletos, bonos contribución, cupones de pago, recursos de hábeas corpus impresos a mimeógrafo, libros con listas de presuntos desaparecidos (se probó que más de 50 de esos desaparecidos viven en el exterior), sellos y clichés, es decir, un arsenal de papel –de costo muchas veces millonario-, que, según comentarios de primer nivel logrados por SOMOS en tribunales, formaba “una infraestructura técnico-jurídica capaz de comprometer seriamente el trabajo de la justicia federal”. Al respecto, es imprescindible citar (como prueba irrefutable de la intención que empuja a la comisión allanada) uno de los párrafos del modelo de recurso de hábeas corpus impreso a mimeógrafo. “El nombrado fue aprehendido el día… del mes de… del año 197… por grupos de personas que prima facie actuaban en ejercicio de alguna forma de autoridad y que ejercía en el momento del secuestro una fuerza material irresistible”. El párrafo mereció este comentario por parte de un ex juez: “De este modo, cualquier detenido en forma legal y por cualquier causa puede aparecer como secuestrado por la fuerza. Total, sólo hay que llenar un formulario que ya califica el hecho de antemano…”
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