Archivo TEA y DeporTEA: A 40 AÑOS DEL NAVARRAZO

El 27 de febrero de 1974 el jefe de policía de la provincia de Córdoba, teniente coronel Antonio Navarro, derrocó al gobernador Ricardo Obregón Cano y lo encarceló junto a su vice, Atilio López. Era el final de las pujas entre los distintos sectores del peronismo de la provincia, donde prevaleció la derecha del movimiento. Días más tarde, el presidente Juan Perón ordenó la intervención federal de la provincia y el 15 de marzo Duilio Brunello fue nombrado interventor. La crisis, en fragmentos de El Cordobazo de los Ortodoxos, nota de la revista Panorama, nº354 del 7 de marzo de 1974.

“En la madrugada del lunes pasado, cinco estruendos de bombas hicieron temblar los vidrios de la ciudad de Córdoba. Quienes esperaban que los acontecimientos entraran en una faz definitiva, dudaron de sus cálculos y temieron que la seria crisis planteada a partir de la destitución del gobernador Obregón Cano por parte del teniente coronel Antonio Domingo Navarro, jefe de la policía local, no encontrara su normalización.

Durante cinco días, por lo menos, Córdoba se convirtió en una ciudad prohibida, a la que fustigó tanto la ansiedad política como el desazón y desconcierto civil. En esas jornadas que empezaron el miércoles 27 de febrero con el levantamiento del jefe de policía local, teniente coronel en retiro Antonio Domingo Navarro, contra el gobernador Ricardo Obregón Cano, y que culminaron el lunes último con las discusiones sobre la intervención federal, Córdoba reprodujo, con bastante proximidad, el cuadro de una plaza tomada en las primeras escaramuzas de una guerra incierta y de curiosas características.

Desabastecida en los rubros habituales de consumo —aunque no desprovista de un turismo anonadado—, cerrados sus bancos y casi la totalidad de los comercios, se hizo corriente el regateo obsesivo por mercaderías de primera necesidad; aparecieron las colas de automóviles frente a los surtidores de nafta y, naturalmente, los inevitables y sigilosos especuladores.

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Pero a la escasez, cuya presencia justifica desde ya cualquier estado de zozobra, se sumó la angustia nocturna por los enfrentamientos armados. Disparos de ametralladoras, fusiles y pistolas anunciaban la noche de Córdoba mientras en la Casa de Gobierno, en el Departamento de Policía y en las sedes gremiales se trataba de manejar una crisis cuyos extremos parecían a veces chocarse peligrosamente. En medio de un confuso aquelarre de aullidos de sirenas y explosiones de considerable alcance, nadie podía, sin embargo, visualizar a las víctimas: ¿Había francotiradores en los edificios próximos a la plaza San Martín, sede de la policía local y cuartel de Navarro? ¿Cuántos eran los caídos y dónde estaban? Los hospitales no registraban nóminas de heridos, a excepción de las dos muertes de la noche del jueves, víctimas sí, del primer enfrentamiento entre hombres de la policía y desconocidos fuertemente pertrechados. Ellas habían sido una mujer de 24 años y un cabo en servicio de patrulla. Los días que siguieron vieron aumentar los tiroteos y los atentados nocturnos, pero no el número de caídos. Alguien escondía los muertos o fracasaba la puntería.

La peculiaridad de la situación, en su faz bélica, concuerda con la confusa trama en el plano político. En tanto juraba su cargo de gobernador el vicepresidente de la Cámara de Diputados provincial, Mario Dante Agodino, Obregón Cano se negaba a reconocer la situación de hecho en su improvisada prisión del Comando Radioeléctrico. Al parecer, no sólo tenía razones institucionales para permanecer en su investidura: Agodino, en una visita efectuada el jueves por la tarde a las dependencias del Comando, donde Obregón Cano y 75 personas de la gobernación estaban detenidos, había prometido reponer al gobernador defenestrado entendiendo que su paso por el gobierno era meramente transitorio.

En un primer momento, todos los esfuerzos parecían tender hacia el restablecimiento constitucional a fin de evitar la medida intervencionista, y Agodino debió ensayar una táctica diversa, acaso precipitada: la de pedirle a Obregón Cano y al vicegobernador Atilio López la renuncia que zanjaría el conflicto institucional. No estaba en el temperamento de los cautivos virar sus posiciones y la presunta entente marcó los primeros ripios en el seno mismo de la crisis.

CONFUSION. De acuerdo a versiones cordobesas, Agodino sería medio pariente de Obregón Cano y, fuera de toda duda, un gran amigo del gobernador caído. Esas mismas versiones aseguraban que la relación afectiva pesaba en los juicios del nuevo mandatario tanto como las razones políticas. El hecho de que dijera a los periodistas que Obregón Cano y Atilio López podrían, una vez recuperada la libertad, volver a ocupar sus puestos de gobernador y vice, parecería confirmar tales sospechas parentales.

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La desprendida actitud, acorde con la letra de la ley, contrariaba sin embargo a la realidad. Tanto para las 62 Organizaciones ortodoxas como para el comando Unico Justicialista, dos organizaciones declaradamente antiobregonistas, los hechos eran irreversibles. Por otro lado, el teniente coronel Navarro había emplazado un aparato de resistencia a cualquier tipo de reposición que, hasta el momento, no recibía cuestionamientos ni críticas por parte de organismos como la Mesa Redonda Peronista que orienta Julio Antún, ni por parte del grupo directamente ligado al delegado norrnalizador en el Justicialismo, Luis Longhi, centros de decisión estos dos últimos que, con el correr de las horas, fueron polarizando las fricciones dentro de la ortodoxia.

El respaldo que prestaban a Navarro los dirigentes de las 62 Organizaciones que asumieron la dirección de la Regional de la CGT y, en general, las agrupaciones nacionalistas ubicadas a la derecha, debilitaron la posición del gobernador paralelo hasta el punto de plantear, sobre el fin del viernes, la existencia compleja de tres poderes en Córdoba: por un lado, Obregón Cano, en torno a quien se agrupaban los sectores de la Tendencia y los gremios legalistas y combativos liderados por los dirigentes Agustín Tosco y René Salamanca; por otro, Julio Antún sosteniendo, a través de la Mesa Redonda, al gobernador Agodino y, al fin, el propio Navarro, hombre fuerte de esta historia, y sus policías.

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Para la gente de Jorge Antún, ningún civil sería recomendable, puesto que 'sólo un militar tendría aquí representatividad y autoridad suficientes como para detener la mano de los bolches'. Un cuarto nombre nació en Buenos Aires con firmes probabilidades de diluir la terna de la Mesa. Se trata del teniente coronel en retiro Jorge Osinde, a quien se había requerido anteriormente para cumplir una función diplomática. En tanto, Córdoba esperaba la reapertura de los bancos, donde se almacenan todavía los salarios de febrero. Dentro de algunas semanas se cumplirá el quinto aniversario del cordobazo que marcó el principio del fin del gobierno de Juan Carlos Onganía. Hace una semana, se vieron las aguas del reflujo.”

El navarrazo (parte 1)