Murió el represor Jorge Rafael Videla
“Si es preciso en Argentina deberán morir todas las personas necesarias para lograr la seguridad del país”. La frase, claro anticipo de lo ocurrido luego del golpe del '76, fue pronunciada públicamente en Montevideo por el teniente general Jorge Rafael Videla y reproducida `por los diarios argentinos (ver Clarìn, 24/10/75). La afirmación, por su contundencia, será utilizada por el fiscal Julio César Strassera en su acusación a los comandantes juzgados por los graves delitos cometidos durante la represión. Por si sola, esa frase pone bajo la luz de la historia la negra figura de Videla, a quien pomposamente se presentó como “celoso defensor de la democracia y de las instituciones republicanas” en el curriculum vitae que distribuyó aquí el Comando en Jefe del Ejército, tras sus asunción como presidente de facto, el 29 de marzo de 1976, tras días después del zarpazo castrense.
Videla, efectivamente, pretendió jugar el papel del “bueno”, de militar “democrático”, curiosamente rodeado de una banda de fascistas, criminales encabezados por Camps, Menéndez, Suárez Mason y otros. En la realidad, éstos obedecían las órdenes de aquél, quien presumía de “buen cristiano”, amante de la paz y ejemplar padre de familia. “El estilo de vida nacional -dijo Videla el 12 de abril de 1976- tiene un idóneo cause a través de la democracia”, pero “ese cauce estaba obturado, obstaculizado; había crecido la maleza y por eso el estilo nacional estaba desbordado”.
Era indispensable, entonces, “limpiar las impurezas”, denominación eufemística que Videla dio a los miles de desaparecidos, asesinados y presos políticos, víctimas de esa sucia “limpieza”. A un año del golpe, el 6 de marzo de 1977, Videla afirmó, con énfasis, que la de los derechos humanos “es justamente la bandera nuestra”, pretendiendo soslayar así las críticas provenientes del exterior.
En mayo de ese mismo año, aseguró que, por el contrario, “la delincuencia subversiva ha cometido el imperdonable delito de violar la vida humana”, y por ello, “la sociedad exige drásticas medidas”.
El 17 de diciembre de 1977, cuando recrudecían las críticas desde el exterior, sostuvo que se trataba de una campaña “del terrorismo subversivo”, aunque admitió, por primera vez, que podía haber habido “algunos exceso, pero ésta no es la norma de nuestra acción ni la propiciamos”. Afirmó también que no había entonces “ni presos políticos ni gremiales” sino “delincuentes subversivos” que cometieron “el delito grave de atentar contra el estilo de vida occidental y cristiano”. Pocos días después, el 21 de diciembre de ese año, justificó “la reconstrucción del poder del Estado, esto es el monopolio legítimo de la fuerza” y añadió que “los derechos humanos son anteriores al Estado pueden ser debidamente respetados”. ¿Cuál era ese Estado? ¿El Terrorismo de Estado?
También en diciembre del '77, en declaraciones a un grupo de periodistas japoneses, volvió a salir al cruce de las denuncias afirmando esta vez que “en toda guerra hay personas que sobreviven: otras que quedan incapacitadas y otras que desaparecen”. Así de simple. Dijo asimismo que “la desaparición de algunas personas es una consecuencia no deseada de esta guerra” y siguió mintiendo: “comprendemos el dolor (pero) no podemos dar noticias (de los desaparecidos) porque o se pasaron clandestinamente a las filas de la subversión; o fueron presa de la cobardía y no pudieron mantener su actitud subversiva; o desaparecieron al cambiarse de nombre y salieron clandestinamente del país; o porque en un encuentro bélico sus cuerpos, al sufrir las explosiones, el fuego o los proyectiles, extremamente mutilados, no pudieron ser reconocidos”.
Tras hablar con ese inhumano desprecio acerca de la suerte corrida por miles de argentinos, el 25 de marzo de 1978, reflexionó cínicamente que “la paz, esa paz que todos los argentinos de buena fe anhelamos consolidar... es el fruto de la justicia”, en un mensaje difundido con motivo de celebrarse la Pascua de Resurrección. En junio de ese año, insistió en que no tenía “seguridad” de que hubiera desaparecidos por “excesos en la represión” y hasta llegó a puntualizar que, si tuviese constancia de un acto así, “lo hubiese reprimido con exactamente la misma severidad con que han sido reprimidos los elementos subversivos.
El 2 de agosto de 1978, Videla pasa a revistar en situación de retiro. En el acto de despedida, realizado en el Colegio Militar de la Nación, dijo que pertenecía a “un Ejército digno de sus grandes tradiciones”. Estaban allí presentes para sustentar esas grandes tradiciones, entre otros, los generales Carlos Guillermo Suárez Mason, Leopoldo Galtieri, Roberto Viola, Luciano Benjamín Menéndez, José Antonio Vaquero y Santiago Riveros.
El 28 de noviembre de 1979, Videla habló de “guerra sucia” ante un grupo de periodistas noruegos, y el 16 de abril de 1980, en una reunión del Círculo de periodistas de Casa de Gobierno, manifestó con total impudicia que “el pueblo argentino ha dado su consentimiento al precio que debió pagarse” en esa “guerra”, que fue de miles de muertos y desaparecidos. Y llegó a compararla con la guerra civil española. Y hasta se preguntó, aludiendo al millón de muertos de aquella contienda: “¿Eso era toda España? ¿Era España solamente 'eso'?”. Y se respondió a si mismo: “No, era mucho más que 'eso'”.
A pesar de todas las atrocidades dichas y hechas, Videla, el 22 de abril de 1980, se ofuscó con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el informe producido sobre la situación en la Argentina y calificó el libro difundido por el organismo internacional como “injusto, excesivo y subjetivo, yo diría, incluso, falto de responsabilidad...”
Videla está hoy en el banquillo de los acusados. Su soberbia sigue intacta. Ha rechazado la justicia civil y reclamado “la garantía del juez natural”, es decir, a sus pares del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Se ha negado a prestar declaración ante el fiscal Strassera y hasta se ha quejado, en un escrito elevado a la Cámara Federal de Apelaciones, de que la actual situación le causa un “perjuicio irreparable” y ya que se le impide el “derecho de defensa consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional”.
Pero esto no es todo. Dictamina, además, que “la equiparación ética y jurídica de las Fuerzas Armadas que actuaron en la represión, y los subversivos que desencadenaron la guerra es inaceptable, moral, jurídica, militar y políticamente”. ¿Cuando habla de ética se referirá a lo ocurrido en La Perla o en El Olimpo? ¿O tal vez a los cientos de niños desaparecidos?
Y remata su defensa argumentando que “desde siempre se sabe que hay una represión justa y necesaria” (sic) y que no se puede condenar a un represor “por las mismas razones y con la misma intensidad que al terrorista marxista subversivo”, porque esto “supone equiparar la defensa con la agresión, la licitud con la ilicitud”. ¿Qué condena le cabe, señor fiscal, señores jueces, a alguien que asumió el compromiso de matar “a todos los que fuera necesario” y que, además, lo cumplió?
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