Hace veinte años, los diarios del domingo 21 de febrero informaban de las primeras muertes causadas por el consumo de vino adulterado. Provocado por los las marcas Mansero y Soy Cuyano, elaborados por la bodega sanjuanina Nietos de Gonzalo Torraga S.A., ascendieron a casi 30 las víctimas fatales en los partidos bonaerenses de Quilmes y Ensenada. La elaboración inescrupulosa y la falta de controles, en tramos de Con sumo ¡cuidado!, nota de Jorge Búsico en la revista Somos, nº857 del 1 de marzo de 1993.
“El ministro de Salud y Acción Social, Julio César Aráoz, por cuyos ojos de funcionario siguen ocurriendo tragedias, sentenció que los responsables del vino envenenado 'son criminales'. Ante tanta muerte, la sociedad se pregunta ¿quiénes son los responsables? ¿Quiénes son los criminales?
El vino envenenado produjo 22 muertes, con más de 80 internados, muchos de ellos ciegos y en estado de coma. El desastre está a las puertas de superar la que hasta el cierre de esta edición era la mayor intoxicación del siglo, aquella del propóleos, que el año pasado género 23 muertes. Los casos de cólera suman 1.617, con 32 muertes incluidas; sólo en lo que va de 1993 se registraron 1.064, con 20 víctimas fatales. A comienzos de esta temporada, 70 personas se intoxicaron en Chapadmalal y otras 42 en Mendoza. A fines del 92 la intoxicación mató a 5 personas en La Plata, 50 fueron internadas en Santiago del Estero y 21 chicos jujeños se contaminaron al ingerir unos chicles de nombre NBA Magic Johnson.
La historia de la salud argentina de los últimos 18 meses también contó con estas joyitas: la incautación de miles de litros de agua lavandina adulterada; de agua mineral en mal estado; de 18 mil hormas de queso podrido; de 1.700 kilos de palitos salados sin autorización; de 4 toneladas de muzzarella putrefactas. Además, el descubrimiento de que en las quintas de frutas y vegetales de Escobar se utilizaban pesticidas prohibidos. No hay que olvidar la leche contaminada de Spadone y Vicco. Todavía más: el juez Daniel Llermanos -conocido como el juez ecológico, y encargado de los procedimientos con la muzzarella y la lavandina- advirtió que 'en el conurbano de Buenos Aires, entre la gente que no tiene agua de red, muy pocos acceden a niveles de profundidad. La mayoría está tomando, en el mejor de los casos, materia fecal'.
¿Quiénes controlan la salud de los argentinos? ¿Quiénes son los criminales? La realidad marca que hasta ahora no existen detenidos. Los involucrados empresarios, integrantes de las cámaras, exportadores, comerciantes y funcionarios están libres. Sólo hay consumidores muertos.
SIN DEFENSA. La sensación que brindan todos estos hechos es que la sociedad argentina está desamparada en todo lo que se refiere a su cuidado. No existen los controles adecuados, se han eliminado dependencias del Estado que son fundamentales, y la Justicia no contempla ni ejecuta penas contra los responsables de los envenenamientos.
Unas semanas atrás, un redactor de SOMOS compró en un supermercado una lata de la cerveza belga Stella Artois. En el envase decía que se recomendaba tomarla antes de 1990. la Liga Acción del Consumidor (ADELCO) -una entidad independiente- realizó en los últimos años 194 ensayos para comprobar la calidad de diversos productos. El 18 por ciento presentó problemas serios, el 31 evidenció deficiencias y el 51 no tuvo inconvenientes. Todos los informes fueron elevados a la secretaría de Salud de la Nación, que sólo se ocupó de controlar a dos remedios diarreicos; los demás, sin respuesta.
Ana María Luro, titular de ADELCO, sentencia que 'lo que está pasando ahora es un desastre, porque se está muriendo mucha gente y nadie asume la responsabilidad. ¿Los controles del gobierno? Y...realmente son muy pobres'.
(...)
En agosto del 92, una personalidad como el doctor René Favaloro había alertado que 'en la Argentina no existe un plan de salud' y que 'hay que volver a rehabilitar el viejo Instituto Nacional de Farmacología'. Pocos días después, Aráoz anunció la creación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Todavía se espera su concreción.LA MUERTE. No sólo no se puso en marcha al ANMAT ni se reflotó el Instituto de Farmacología, sino que este Gobierno, mediante un decreto firmado por el entonces ministro Avelino Porto, degradó a la única oficina que controla los medicamentos. Un año después explotó el propóleos. Más tarde, Aráoz informó que el 30 por ciento de los remedios que consumen los argentinos 'son truchos'. Además, existe una extraña coincidencia en lo que va de la presidencia de Carlos Menem: ninguno de los cincos ministros que pasaron por Salud y Acción Social (Julio Corzo, Erman González, Alberto Kohan, Porto y Aráoz) son médicos o sanitaristas.
Mientras las encuestas callejeras que muestran la televisión reflejan la indignación de la gente, el bodeguero Mario Torraga, presunto responsable del vino envenenado Soy Cuyano y Mansero, no pudo ser localizado por la policía a cuatro días del crimen, y el juez federal de San Juan -Fernando Correa-, en una misma jornada ordenó su detención para después otorgarle la excarcelación. La tragedia del propóleos, en tanto, lleva más de un año sin detenidos. El juez que lleva la causa -José Luis Méndez Villafañe- sostuvo que investigar este caso 'es más difícil que el atentado a la Embajada de Israel'.
Los integrantes del Gobierno se pelean por saber de quién es la responsabilidad de esta nueva tragedia; los empresarios involucrados en las intoxicaciones siguen libres (a propósito, otra joyita: los bodegueros sanjuaninos le pagan a sus obreros con vino, no con plata); la mayoría de los jueces actúan con una lentitud exasperante; el Presidente dice que el cólera es producto de la falta de higiene de la gente y no de la pobreza; el ministro de Salud bonaerense, Héctor Pacheco, declaró que 'los alcohólicos seguirán tomando vino aunque se les avise'.
¿Quiénes son los criminales? Da la sensación que la gente ya los huele.”
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